Me llamo
Alipio Eduardo Paoletti. Tengo 44 años, soy casado y padre de seis hijos. Desde
julio de 1977 estoy refugiado en Madrid, España, con mi familia. Entre el 24 de
marzo de 1976 y mi salida al exterior viví en forma clandestina en la
Argentina, ante la persecución desatada por la dictadura militar.
Soy
periodista. He trabajado en varios diarios argentinos y desde 1960 hasta marzo
de 1976, fui el director del diario El
Independiente de La Rioja, que desde 1970 era editado por una cooperativa
obrera, integrada por gráficos, empleados administrativos y periodistas, una
experiencia única en la Argentina, que aún subsiste, pese a la represión
militar.
Hasta marzo
de 1976, la cooperativa estaba integrada por 72 trabajadores. La dirección de
la cooperativa y de la política editorial, era decidida en asamblea por la
totalidad de los socios, que también elegían por voto secreto a los miembros
del Consejo de Administración y al director por un período de dos años.
La política
editorial se decidía en base a la adopción del programa de la central única de
trabajadores, la CGT. Nosotros adoptamos como referente el programa del 1º de
mayo de 1968, aprobado por la CGT de los Argentinos, un programa que
sintetizaba las aspiraciones políticas y sociales de los trabajadores
argentinos en sus cien años de lucha.
El Independiente, por su vocación democrática, popular y
antimperialista, pero al mismo tiempo pluralista política e ideológicamente, se
convirtió en una experiencia de comunicación masiva única: era uno de los
diarios más leídos del país. El 12 de marzo, al día siguiente del triunfo
popular en las elecciones de 1973, el tiraje, controlado por el Instituto
Verificador de la Circulación, alcanzó una cifra récord: 11.500 ejemplares,
para una provincia de 140.000 habitantes, diseminados en una extensión de
92.000 kilómetros cuadrados, recostada sobre los Andes en el noroeste
argentino. Si esa proporción, por ejemplo, se hubiera establecido en Buenos
Aires, con 10 millones de habitantes, la cantidad de ejemplares vendidos
hubiera sido cercana al millón. Esta explicación no es vana: sirve para
ejemplificar el peso político y en la formación de la opinión pública de la
zona que tenía El Independiente. Y
porqué, antes y después de marzo de 1976 se convirtió en uno de los objetivos
estratégicos de la represión militar.
En 1974,
después de la muerte de Perón y la aparición pública de la famosa AAA, varios
trabajadores de nuestro periódico recibieron amenazas de muerte. Ese mismo año,
El Independiente fue objeto de varias
clausuras, bajo la presión del ala derechista del peronismo. Motivos invocados:
“anomalías” e “irregularidades” en relación a las disposiciones municipales.
Estas medidas fueron acompañadas de una persecución sistemática por parte de
organismos del Estado. Nosotros logramos, a pesar de todo, salir indemnes de 18
inspecciones diversas ordenadas por la municipalidad de La Rioja, por el
Instituto de Cooperativas –que sostenía la curiosa teoría de que las
cooperativas no podían editar diarios ni periódicos–, por el Banco de La Rioja,
la Dirección Provincial de Cooperativas, etc. Por su parte, la Fiscalía del
Estado, de oficio, instauró una acción ante la justicia local para que se
investigara si El Independiente, al
opinar públicamente sobre los hechos políticos y sociales, no violaba, entre
otras, la ley de cooperativas.
En
realidad, como después pudo verse claro, el objetivo era acallar la prédica
cotidiana del diario a favor de la democracia, de los intereses de los trabajadores
y del respeto a los derechos humanos. Paralelamente, por orden jerárquica, se
impidió al Obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, una de las cabezas
del ala progresista de la Iglesia Católica, leer sus homilías dominicales por
la radio estatal. El golpe de 1976 desvelaría las incógnitas y demostraría la
continuidad de los objetivos de la extrema derecha: Monseñor Angelelli fue
asesinado en agosto de 1976, y nuestro periódico acallado.
La noche
misma del golpe, el 24 de marzo de 1976, fue detenido Mario Paoletti,
subdirector del periódico. Y en los días sucesivos otros diez compañeros: la
cooperativa fue intervenida y un alto oficial del ejército se ocupó de la
dirección. El 5 de abril se ordenó mi captura. Y unos meses después, la de mi
esposa, también trabajadora de El
Independiente.
Los
compañeros detenidos fueron sometidos a torturas de todo tipo para intentar
arrancarles información sobre supuestos hechos terroristas en los cuales, como
es obvio, nada tenían que ver. Aún hoy varios de ellos están en la cárcel, y es
imprescindible redoblar los esfuerzos para lograr su libertad. Se trata de
Plutarco Antonio Schaller, jefe de fotógrafos; Juan Argeo Rojo, abogados,
asesor legal del periódico; Pedro E. Pérez, corresponsal en la localidad de
Aminga.
Otros
compañeros tuvimos que marchar al exilio. Alrededor de veinte fueron despedidos
y se alentó el ingreso de nuevos socios para torcer la vocación democrática y
popular del periódico. En 1980, después de más de cuatro años de intervención
militar, los trabajadores de El
Independiente han recuperado su patrimonio físico. Sin duda no podrán
recuperar su patrimonio moral e histórico hasta la caída de la dictadura, pues
el diario, pese a seguir saliendo, no puede decir lo que quisiera decir.
Después mi
orden de captura, y tras la intervención de muchos sindicatos de prensa en todo
el país, en mayo de 1976 se realizó una reunión clandestina de activistas
sindicales de todo el país en la cual integramos una comisión de “Prensa de la
Resistencia”, que logró la edición de un par de boletines e intentó la
reorganización sindical. Yo fui designado por mis compañeros del interior como
integrante de esa Comisión, que la represión desorganizó, sobre todo a partir
del secuestro de Héctor Demarchi y su posterior “desaparición”. Hoy, varios de
esa Comisión, estamos exiliados.
Nuestros
sindicatos siguen intervenidos, las conquistas sociales logradas por los
periodistas tras largos años de lucha, como nuestro Estatuto Profesional, han
sido avasalladas y las condiciones laborales y económicas son de súper
explotación. Hay centenares de periodistas asesinados, secuestrados, exiliados.
Nuestra
obligación, nuestro deber, es lograr la libertad de nuestros presos, denunciar
a la dictadura militar argentina ante la opinión pública internacional
denunciando sus intentos de disfrazarse con recambios pseudos institucionales
(como el protagonizado por el genocida general Viola que reemplazará al
genocida general Videla), y proponer la unidad de todos los argentinos honestos
y democráticos en torno a las banderas de lucha que agitan nuestros compañeros
en la Argentina.
Libertad,
Justicia, Democracia para el pueblo argentino.
Pueda este
modesto testimonio ser un gran aporte en ese sentido.
Madrid,
febrero de 1981
*Este artículo integra el libro “Argentina, cómo matar a la cultura”, editado en 1981, junto a otros textos de la autoría de Julio Cortázar, Juan Gelman, Mercedes Sosa, Vicente Zito Lema, Alberto Szpunberg, Miguel Ángel Estrella, Ignacio Colornbres.
